Tengo una visión particular de la Defensoría del Pueblo. Ahora que la segunda opción de votos es en torno a Gastón Soto Vallenas y Victor García Toma, conviene que se tome nota de algunas necesidades. Una de ellas es la atención de la salud y la defensa del paciente grave.

Se sabe de la larga espera del paciente y su abandono y la mala organización en la atención médica, no solo en el caso de los hospitales o policlínicos, sino también en las clínicas privadas. No hay una especialidad en defensa del paciente. Sea quien lo ofrezca es un servicio público y, por tanto, fiscalizable.

El Defensor del Pueblo debe tener facultades de orientador en la elaboración de las leyes que comprometen al servicio público y de opinantes válidos en procesos que atañen al abuso contra el ciudadano.

El objetivo es también que contribuya con informes en las políticas públicas.

Hace falta una reformulación de su propia legislación para darle mayor competencias y coerción suficiente. Serviría para resolver en instancias administrativas y solución de conflictos.

Muchos creen que la Defensoría no sirve para nada, ocurre que la persuasión no sirve porque aunque lo sea históricamente desde los países nórdicos, el Defensor debe estar lo suficientemente empoderado para firmar actos vinculantes, que generen obediencia y defina sanciones a los funcionarios que resistan cumplirlos. 

Con el nuevo Defensor es el momento propicio para rediseñar una institución que controla al poder, busca el buen gobierno, pero solo tiene la capacidad rogatoria, insuficiente para dar poder al ciudadano, objetivo de una verdadera república.