El tema pensionario ha sido un dolor de cabeza para todos los gobiernos. Es natural en una sociedad que considera que la edad útil no va más allá de los 45-50. Las empresas suelen llamar a juniors para ahorrar costos y la vida se torna en más imprevisible. 

En realidad, la marginación en el mercado laboral es progresiva, no solo se deja de lado la madurez sino que se opta por lo que significa menor costo, sean extranjeros dispuestos a una menor paga o muy jóvenes, tanto que el costo laboral se reduce en un ámbito de alta informalidad.

En ese escenario, que suma a la pandemia, se entiende las iniciativas de la ex congresista Cecilia García de Podemos Perú o de Pepe Luna, en la misma línea, para adelantar pagos de 4 UITs del fondo de pensiones de la AFP para salvar a miles de las circunstancias; pero el problema de fondo no es ese. Si bien el Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) es una salida para los hombres y mujeres de cincuenta años en adelante, tiene un cierre de vigencia en diciembre de 2021, con lo que todos aquellos que han perdido el empleo en 2021 no tendrán acceso jamás (se exige doce meses de desempleo como requisito). En tiempos pandémicos y de economía en crisis, bajo la sombra de un gobierno que no genera confianza en la estabilidad e intangibilidad de los ahorros pensionarios, lo razonable es la libertad de elegir, esto es, que las personas puedan retirar sus fondos para invertirlos en un negocio, colocarlos en una cuenta bancaria o guardarlos bajo el colchón.

La libertad de elegir es no encontrar barreras de acceso a un ahorro que no es de la AFP ni del Estado sino del aportante. En el contexto de la pandemia muchos enfermaron y se vieron forzados a vender sus carros y sus casas ¿Y el ahorro? Las contingencias al último de la fila, mientras otros vendimian de nuestro dinero.