la gente quiere reformas políticas ya

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¿Estamos trabajando en la “reconciliación” entre peruanos?

EDDIE CÓNDOR CHUQUIRUNA -Abogado, analista político. Columnista invitado-

Tenemos un país excepcional, pero estamos fallando en lo medular. No tenemos un mismo horizonte. Nos seguimos tratando como enemigos por razones políticas, de origen, color de piel, creencias...

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Publicado: 2019-04-03


No, si entendemos la “reconciliación” como un proceso de largo aliento, destinado a la reconstrucción del pacto social y político con participación incluyente y efectiva; pero además asumido como un compromiso permanente. 

Este “proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos” siguiendo la definición de la versión abreviada del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) “Hatun Willakuy” -octavo capítulo- de 2003, sigue siendo una recomendación, para la mayoría de nuestro pueblo y gobernantes, desdeñada e ignorada.

No existen mecanismos oficiales ni reportes de avances realizados en la dimensión política, relativa a una reconciliación entre el Estado, la sociedad y los partidos políticos. Tampoco en la dimensión social, referida a las instituciones de los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos marginados. Menos en la dimensión interpersonal, correspondiente a los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados. En este contexto, "El ojo que llora" es importante y sensibiliza, al igual que las acciones de iniciativas ciudadanas como “Para que no se repita” o “Caminos de la memoria”.

En ese sentido, la “reconciliación” entre peruanos, tras el conflicto armado interno (1980 - 2000) desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso, es otra de las agendas (como las reformas integrales al sistema de justicia, a los partidos políticos o al sistema electoral, entre otras) en la que los esfuerzos de las instituciones del Estado y las organizaciones no públicas (como los partidos y organizaciones políticas, cámaras de comercio, colegios de profesionales, universidades, gremios de trabajadores, etc.), son protocolares, débiles e insuficientes.

Han transcurrido más de quince años de la presentación del informe final de la CVR y debido -desde su publicación- a la falta de aceptación de algunas organizaciones políticas como los fujimoristas, los apristas, otros y sus aliados en el mundo empresarial (nacional e internacional), la Iglesia y la prensa, no se ha avanzado en la lucha contra la marginalización y discriminación de aquellos sectores de la población más afectados por la violencia durante los veinte años del conflicto armado interno. Esta conducta de actores relevantes en la vida del país, sumada a la pusilánime y -en muchos casos- desinformada mirada de la burocracia, han impactado negativamente en los deberes del Estado de “brindar verdad y justicia” y “reparar”.

La CVR constató que, en orden a su primera conclusión, el conflicto armado interno “reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana”. Diecinueve años después, corresponde preguntarnos ¿Éstas brechas y desencuentros se han profundizado, se han mantenido o acortado? ¿Son prioridad en las políticas públicas los marginalizados y discriminados? ¿Los peruanos y nuestros gobiernos (a nivel nacional, regional o municipal) estamos trabajando para reencontrarnos y reconciliarnos? ¿La CVR realmente significó una modificación en la postura del Estado frente a nuestra historia oficial?

Ningún Estado en el mundo que goza de salud democrática, que ha alcanzado indicadores sobresalientes en materia de derechos humanos para su población y es ejemplo de país, ha logrado ese estatus sin antes transitar por un largo proceso de reconstrucción de sus vínculos fundamentales, identificación de objetivos y trazo de una agenda de país querido. Ejemplos hay, incluso en el vecindario internacional.

Esta perspectiva de país, que coincide en esencia con las conclusiones y recomendaciones de la CVR, es opuesta a los intereses del bloque antidemocrático y corrupto que ha administrado nuestro Estado -desde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (nos referimos al sistema de justicia)- en el presente siglo. Hay un sinnúmero de tramas y hechos que lo demuestran y hasta la prensa afín a estos sectores -desmañadamente- lo han reportado.

La “reconciliación” entre los peruanos tiene enemigos naturales. Son los mismos que en nuestra historia aprovechándose de su relación con el Estado lo instrumentalizaron para su beneficio. Son los mismos que hoy intentan distraernos frente a la corrupción que practican y promueven usando la política, la democracia y el Estado. Son los mismos que atacan y desprecian a los jueces y fiscales independientes; olvidando que es garantía de un debido proceso (derecho humano y fundamental) y base de Estado democrático contar con un sistema de justicia imparcial y justo. Son los mismos que periódicamente usan el “cuco” del terrorismo y colocan, pese al cumplimiento de sus condenas, a seres humanos que erraron de camino en la condición de parias.

Tenemos un país excepcional, pero estamos fallando en lo medular. No tenemos un mismo horizonte. Nos seguimos tratando como enemigos por razones políticas, de origen, color de piel, creencias, etc. Por eso, nuestra conciencia y compromiso democrático, no deben seguir siendo retórica, tampoco opacidad frente al abuso de poder. La reconciliación nacional, que incluye a las diversas naciones y culturas que habitan en nuestro territorio, es más que nunca una necesidad y en ella no debemos transigir.


Escrito por

RAÚL MENDOZA CÁNEPA

Abogado graduado en la Pucp, ha sido periodista del diario El Comercio y es autor de diversos libros de ciencia política, literatura, etc.


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