Se entiende poco de los derechos humanos y  menos aún de la existencia de una instancia supranacional que actúa cuando se agota la jurisdicción interna. Imagine que su país está regido por una dictadura y que a usted le privan de su libertad. El sistema judicial está controlado y sabe que nunca le dará la razón, por lo que su única salida (aunque no sea vinculante) es la Justicia supranacional, en particular, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo soporte de contenido es la Convención Americana de Derechos Humanos. No es una bagatela, los propios Estados democráticos ceden un espacio de sus prerrogativas de Justicia a través de un tratado libremente suscrito.
para entender algunos casos

Uno de los dilemas es si es que prevalece la soberanía estatal o la universalidad de los derechos humanos. Es una lucha entre el Estado y la libertad, a contrapelo de lo que creen algunos conservadores, por lo que la existencia misma de la Corte IDH debería ser una exigencia liberal.

Hasta allí todo es correcto, pero, ¿qué ocurre si la Corte resuelve sin conocer el contexto de cada país y sus fallos parecen tendenciosos? ¿Qué ocurre cuando pareciera que el principio es la suspicacia y el supuesto de que todas las causas que llegan son correctas y todos los Estados violan los derechos humanos y están más cerca de ser dictaduras que democracias? ¿Y qué si el rigor contra Perú es el mismo que contra Venezuela? ¿Y qué si la Justicia supranacional no espera que se agote la jurisdicción interna y aun antes que una acusación constitucional llegue a la comisión permanente del Congreso, ya se está pronunciando? ¿Se puede pronunciar antes de la presunta vulneración? ¿No está convirtiendo su función esencial de proteger los derechos humanos en una gestión política?

No solo se trata de este tipo de casos sino de varios que involucran acciones de terror y donde la tendencia parece ser sancionar sin estudiar el contexto ¿Sabe la Corte IDH que en el caso El Frontón no hubo sistematicidad del acto? La cárcel fue tomada, se trató de negociar y pese a un motín anterior  (con desenlace trágico), no se verifica que existiera una política de exterminio de terroristas en la prisión, por lo que el caso solo llega a ser homicidio calificado, al margen de si había tipicidad o no.

Por suerte en el caso Chavín de Huántar, los héroes del rescate, no fueron vueltos a juzgar (aunque la Comisión había olvidado que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, la Corte enmendó).

Una entidad sustantiva para garantizar el principio de universalidad, por sobre el  de soberanía, debería tener cuidado del descrédito parcial, pues bien le haría que todos estuviéramos de acuerdo en la eficacia de su funcionalidad. No estaría mal examinar sus procedimientos antes que cuestionar su existencia o retirarse denunciando el tratado base para darle al Estado cancha libre. Hoy podría ser legislar en favor de la pena de muerte a los violadores, pero ¿mañana qué?

Ignorar la importancia de esta institución no es una posición liberal, solo que muchos liberales aún no lo saben. Los avances y reconocimientos de los derechos humanos son una conquista del liberalismo, pero pocos liberales son activistas, dejando el campo libre de la defensa a sus adversarios ideológicos.

No se trata de destruir el sistema o apartarse de él, sino de aportar, mejorar y construir.