El retiro de Venezuela de la OEA implica denunciar la Carta constitutiva de la OEA y los efectos solo se cumplirían dos años después. Hoy se activó ese proceso, con la presentación de la nota de denuncia de la Carta de la OEA por el Gobierno de Venezuela ante el Secretario General Luis Almagro, pero subsisten aún todas las obligaciones que se derivan de la pertenencia al Sistema Interamericano. Ello significa que no se sustrae de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y, en tanto la Carta constitutiva de la OEA contiene normas de protección de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución venezolana, tampoco se sustrae de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Políticamente el retiro de Venezuela de la OEA agudiza su crisis política y termina de desnudar el perfil autocrático de su Gobierno.

Suma a la crisis, en la medida que las instituciones que deben hacer control a las decisiones del Gobierno Nacional, entre ellas las que intervendrían en el proceso de conformación de una Asamblea Constituyente, no tienen credibilidad; excepto el Congreso. En esa línea, una forma de eliminar al Legislativo de la escena política sería a través de una medida de este tipo.

Habría que ver si la convocatoria es constitucional y si ésta en lugar de mitigar las demandas del Pueblo de programar elecciones generales, las intensifica; pero además incrementa los cuestionamientos de los organismos internacionales para avanzar hacia una salida constitucional a la crisis.

No. Mientras dure el proceso de retiro, esto es por dos años desde el 28 de abril, todos los compromisos de Venezuela con la OEA siguen vigentes. Como indicamos antes, uno de ellos es la plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana, por lo que su aplicación (que por cierto ya se activó el 3 de abril del presente año con la resolución que emitió el Consejo Permanente), no podrá interrumpirse. Recordemos que resolvieron: 1) Urgir al Gobierno a garantizar la separación de poderes y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional. 2) Mantenerse dispuesto a apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático. 3) Seguir ocupándose de la situación de Venezuela para emprender, si fuere necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, incluyendo la convocatoria de un reunión de nivel ministerial, que como sabemos se aprobó el pasado jueves 27 de abril.

Está pendiente igualmente el pago de la deuda que tiene Venezuela con la OEA que sería de 10.5 millones de dólares, aportes acumulados en los últimos años.

En la medida que la Carta Democrática ya se viene aplicando a la situación de Venezuela, ésta buscará afianzar, siempre vía diplomática, una salida democrática a la crisis política que vive desde hace años.

No olvidemos que la Carta Democrática, de septiembre de 2001, establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de defenderla; pero además reconoce que el ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del Estado de Derecho de los países miembros de la OEA, teniendo entre sus elementos esenciales, entre otros, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la separación e independencia de los poderes públicos.

Estos elementos en Venezuela, en la evaluación de la mayoría de los Estados miembros de la OEA, se estarían violando por el Gobierno. En esa medida, en orden a lo que establece la misma Carta Democrática, en su artículo 20, cuando el Tribunal Supremo de Justicia resolvió -una vez más- restarle competencias al Congreso, en este último caso la inmunidad parlamentaria, alteró el orden constitucional y afectó gravemente su orden democrático, situación que motivó que el Consejo Permanente adopte la resolución del 3 de abril.

Las relaciones internaciones entre Estados se basan -fundamentalmente- en intereses económicos. En esa medida, el silencio que han guardado, hasta hace unos meses, la mayoría de los gobiernos ha sido por conveniencia o por cálculo de futuros beneficios; considerando, entre otros ámbitos, la riqueza petrolera que tiene Venezuela.

En todo caso, es el chileno José Miguel Insulza, ex Secretario General de la OEA, quién debe explicar al mundo, porqué durante sus dos periodos (diez años) de gestión no utilizó ni promovió la utilización de los mecanismos que la Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana reconocen para ayudar a resolver la situación venezolana.

Lo que hoy vive el Pueblo de Venezuela es el resultado de un largo proceso de progresivo y creciente deterioro de las condiciones esenciales de la democracia representativa, que diversos organizamos nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron, caracterizado -además- por la persecución política de los principales líderes opositores, la injerencia del Tribunal Supremo de Justicia quien desde hace meses ha declarado la inconstitucionalidad de casi todas las leyes y actuaciones del Poder Legislativo. Cuenta además las detenciones arbitrarias y juzgamiento sin las garantías de debido proceso, en un contexto en el que el Poder Judicial no goza de independencia, etc.

Recomiendo, en orden a lo último expresado, revisar los informes del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Odebrecht es uno de los casos emblemáticos de megacorrupción y representa un golpe brutal a la democracia en Latinoamérica. También lo son, casos como Lava Jato, Petrobras, “Dólar Futuro”, "Panama Papers", “petroaudios”, Pdvsa, Fondo Indígena, CAMC.

Quiero decir que la democracia, esa que conocemos con sus luces y sombras, se encuentra amenazada. Ya no es solamente la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre temas fundamentales que afectan sus vidas, el terrorismo, el narcotráfico, los proyectos políticos personales de aquellas figuras mesiánicas que se arrogan el papel de salvadores de la patria, sino la corrupción una amenaza latente que conspira contra la democracia.

Por ello sería una buena señal, del Perú para el mundo, que la próxima Cumbre de las Américas a desarrollarse en Lima el 2018, tenga como eje central de debate y trabajo la lucha contra la corrupción.

Es una prueba de fuego para todos: en principio para los gobernados, por el perfil de gobernantes que elegimos, y para las distintas instituciones democráticas que hacen a nuestros Estados. No olvidemos que tenemos los gobernantes y las instituciones que queremos. 

En esa perspectiva son los sistemas de Justicia, que comprenden a los poderes judiciales yministerios públicos, entre otros, los que no deben optar por la mordaza o la pasividad, y basar sus decisiones en coherencia con su función de “hacer justicia” y con la colaboración del periodismo: que trabajan por la verdad y el control al poder.