Desde el Plan de Acción de Isla Esteves (Puno) de junio de 2015 hasta la reciente Declaración de Sucre, es evidente que se ha avanzado en el fortalecimiento y la profundización de las relaciones entre Bolivia y Perú. En estos dieciséis meses el mecanismo del Gabinete Binacional, con origen en Lima (durante la COP 20) y su antecedente en su similar de Perú con Ecuador y con Colombia, ha logrado consolidarse como la más alta instancia de diálogo con Bolivia.

Ambas ediciones de este mecanismo se han desarrollado en base a reuniones técnicas entre delegados, en las que se trabajaron cuatro ejes: medio ambiente y recursos humanos; seguridad y defensa; desarrollo económico, asuntos sociales y fortalecimiento institucional; e infraestructura para la integración y el desarrollo. Los vicecancilleres ajustaron y dejaron listos los acuerdos para los encuentros presidenciales.

Avances logrados: el acuerdo en materia de promoción y protección recíproca de inversiones; el memorándum que aprueba el Programa Operativo Anual 2016 de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca, Río Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa; el acuerdo para establecer la red de gestión binacional de áreas naturales protegidas del nor oeste de Bolivia y sur este de Perú; el acuerdo entre el Ministerio de Transparencia de Bolivia y la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de Perú; el acuerdo para la cooperación policial, para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas; el memorándum de entendimiento para promover la viabilidad del corredor ferroviario bioceánico central; el memorándum de entendimiento para la promoción industrial y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; el memorándum de entendimiento en materia de pesca y acuicultura, el acuerdo interinstitucional en materia sanitaria; el acuerdo interinstitucional para la implementación y operación del procedimiento de intercambio de información de equipos terminales móviles robados o hurtados, perdidos y recuperados; el acuerdo interinstitucional de cooperación para el intercambio de experiencias y fortalecimiento institucional y; el acuerdo interinstitucional de lucha contra los delitos informáticos y otros de alta tecnología.

La combinación de crecimiento económico con políticas sociales y redistributivas en ambos países, si bien ha reducido la pobreza, no es suficiente. En Perú, por ejemplo, el 40% de la población tiene ingresos promedio diarios de entre USD 4 y USD 10 y no tiene acceso a oportunidades económicas que le permitan superar su vulnerabilidad. Su desarrollo territorial es desigual y su productividad sectorial heterogénea, en tanto los sectores con mayor absorción de fuerza laboral tienen baja productividad; lo que está relacionado con que el 74.2% del empleo sea informal, que el 40% de mujeres no participen en mercado laboral y que el 15% de jóvenes urbanos estén desocupados.

Pese a las mejoras, en ambos países persiste la desigualdad en la distribución de los beneficios del crecimiento. En Perú 484 distritos, de 1,845 tienen incidencia de pobreza superior al 60%. El Índice de Densidad Estatal (IDE) calculado por PNUD-Perú a partir de la oferta de servicios de educación, salud, agua y saneamiento básico, electrificación e identidad muestra que 107 de 194 provincias tienen IDE menor a la media provincial en 2013; la mayoría están en zonas alto-andinas y amazónicas.

En cuanto a seguridad existen retos de disponibilidad, acceso y calidad. En Perú la percepción de inseguridad ciudadana fue de 56.6% en 2014 y la victimización por delincuencia alcanzó al 30.6% de la población. En gestión pública, especialmente a nivel subregional, existen problemas de eficiencia, efectividad y transparencia. La descentralización política y administrativa no ha sido efectiva en acercar el desarrollo a la población. La corrupción asoma como el principal problema de desarrollo; se desconfía de la integridad del Gobierno nacional, Congreso, Policía, Poder Judicial y los partidos políticos.

Estas variables muestran que el reto de las relaciones binacionales es mayúsculo. Habría que mejorar el foco de la agenda, si de fortalecer la integración en áreas programáticas se trata. Se perciben sinergias y trabajar en la escalabilidad y sostenibilidad de los avances resulta clave; quizás diversificando las alianzas con entidades privadas, sociedad civil y donantes bilaterales y multilaterales. Consolidar un sistema de monitoreo y la evaluación en la gestión de la agenda convendría a ambos países.

La agenda binacional es promisoria, Bolivia crece y Perú corre en paralelo. Un peculiar y moderno escenario que debemos aprovechar.